El futuro del presidente Guillermo Lasso es incierto. Los partidos y movimiento políticos de oposición en la Asamblea Legislativa intentan establecer un juicio político para destituirlo. El proceso no es sencillo, y requiere que uno o varios asambleístas monten un caso para probar que el presidente ha incurrido en una de las tres causales contempladas en la Constitución del Ecuador, que son: 1) delitos en contra de la administración pública (por ejemplo: cohecho, concusión, peculado, etc.); 2) delitos contra la seguridad del estado (por ejemplo: traición a la patria, sabotaje, etc.), 3) delito contra los derechos humanos (por ejemplo: crímenes de lesa humanidad, secuestro de estado, etc.). Para arrancar con el juicio político se requiere el apoyo de 1/3 de los asambleístas (46 de 137 puestos).
Una vez formado el caso en la Asamblea, el juicio político debe ser calificado por la Corte Constitucional, quien debe determinar acerca de su pertinencia, la calidad de las pruebas que lo acompañan, y el anuncio de las pruebas que no acompañan pero que han sido identificadas en el proceso. La Corte Constitucional puede dar paso al juicio político en la Asamblea, o rechazar la solicitud y decretar su archivo. Se asume que la Corte actuará en derecho y de manera imparcial.
De proceder el juicio, la Asamblea invitará al presidente Lasso para que presente su defensa, y se determinará una sesión para la votación. Para la destitución del presidente se requiere una votación equivalente a 2/3, la misma que actualmente existe. De ser destituido, el vicepresidente Alfredo Borrero será nombrado presidente por lo que queda del período.
Probablemente nunca se llegue a esta etapa porque el presidente Guillermo Lasso, al verse acorralado, puede declarar la Muerte Cruzada, un mecanismo constitucional que le permite disolver la Asamblea y llamar a elecciones, período durante el cual el ejecutivo podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo posteriormente (artículo 148 de la Constitución). Su uso tampoco es sencillo, pues se puede invocar cuando se cumpla una de estas condiciones: 1) la Asamblea se hubiere abrogado funciones que no le competen (previo dictamen favorable de la Corte Constitucional); 2) el Ejecutivo considere que la Asamblea, de forma reiterada e injustificada, obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; 3) cuando exista grave crisis o conmoción interna. Las dos últimas causales son las que el presidente puede invocar de manera directa.
Dado el nivel actual de apoyo político del presidente Lasso, que según varias encuestadoras rondaría entre 10% y 15%, no se espera correría en las elecciones presidenciales en caso de invocar la Muerte Cruzada. De todas formas el presidente obtendría una salida aceptable a la terminación anticipada de su mandato, para el cuál invirtió más de doce años y una considerable suma de dinero. Adicionalmente podría implementar una serie de reformas económicas y políticas que considera son importantes para el país a manera de legado.
Mientras todo esto ocurre, los ecuatorianos están en vilo frente a un año 2023 que se ve incierto. Los movimientos indígenas agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) han anunciado ya movilizaciones para el 8 y 28 de marzo, mientras los sindicatos agrupados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anuncian su marcha para el 14 de marzo. La CONAIE además anuncia un paro nacional en caso de que el presidente Guillermo Lasso declare la Muerte Cruzada, y recomienda a la Corte Constitucional dar trámite al aún inexistente pedido de juicio político contra el presidente.
El impacto que esta incertidumbre genera sobre la economía se hará sentir. Los hogares postergan sus decisiones de inversión por los riesgos que una nueva movilización puede tener sobre la estabilidad laboral y sus ingresos, más aún si estos tienen un componente variable atado a resultados. Las empresas empiezan a planificar para escenarios de riesgo, lo que generalmente implica recortar sus presupuestos de inversión y mayores gastos operativos para mantener su producción estable (mayores gastos de inventario en materia prima para palear situaciones de desabastecimiento), al tiempo que empujan su producto a otros centros de distribución y sus clientes finales.
Los inversionistas internacionales tienen una posición más sencilla, pues ante este escenario es fácil excluir al Ecuador de sus potenciales destinos de inversión, muy a pesar de que el país ofrece condiciones económicas muy sólidas y un hedge de tipo de cambio que otros países de la región no pueden ofrecer sin costo. Los inversionistas en deuda del país que se negocia en mercados internacionales deciden también salir de sus posiciones en bonos globales del Ecuador, y lo hacen a pesar de que existe poca demanda, con la resultante caída de los precios (evidente por la tremenda subida del riesgo país)
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