El 16 de agosto Fitch Ratings, una de las tres principales calificadoras de riesgo a nivel internacional junto con Standard & Poor´s y Moody´s, bajó la calificación del Ecuador de ‘B-‘ con perspectiva Negativa a ‘CCC’, en este caso ya sin perspectiva.
Según Fitch, la reducción de la calificación refleja los riesgos financieros de un deterioro en las cuentas fiscales, limitadas fuentes de financiamiento identificables en el mercado local e internacional, y una acumulación importante de atrasos con proveedores del sector privado en el año 2023. Adicionalmente mencionan un aumento del riesgo político y de gobernabilidad que seguramente se mantendrá independientemente de quien gane las elecciones presidenciales.
Existen una línea divisoria muy clara en la calificación de riesgo crediticio y se da en los niveles de ‘BBB-‘. Toda aquella calificación por encima de ‘BBB-‘ (en tonalidad azul en la tabla abajo) se denomina “Grado de Inversión”, y son aquellos emisores cuya capacidad de pago y voluntad de pago son adecuadas. Toda calificación por debajo de ese nivel, es decir, de ‘BB+’ hacia abajo (en tonalidad roja) se denominan “Bonos Basura” o “Bonos de Grado Especulativo”. El tener el añorado “Grado de Inversión” permite a los países emisores acceder a un universo de inversionistas mucho más amplio, lo que ayuda a que sus instrumentos sean mucho más líquidos y demandados. Esto va en línea con la relación entre riesgo y rentabilidad. A mejor calificación de riesgo, menor tasa de rentabilidad demandada. A peor calificación de riesgo, mayor tasa de rentabilidad demanda.
Ecuador ha estado siempre en la parte baja de la tabla de bonos especulativos. De hecho, esta reducción pone al país solamente a dos eslabones de su mejor calificación según Fitch, que nunca ha calificado al país por encima de ‘B’. Esto no debe ser un consuelo. Sin embargo, según su criterio de calificación, la categoría de los Cs implica que un evento crediticio o default es posible (‘CCC’), probable (‘CC’) o inminente (‘C’).
El Ecuador enfrenta pagos por el servicio y amortización de su deuda pública crecientes en el tiempo. Por ejemplo, en el año 2026, el estado debe pagar más de $7.000 millones solo en amortización de su deuda, sin considerar los intereses correspondientes. La cifra en el año 2024 es de $4.800 millones, la que sumada a un déficit del gobierno central que superará los $5.000 millones, da una cifra cercana a $10.000 millones que se deben financiar en el 2024, y esto sin contar con el impacto adicional del fenómeno de El Niño y un resultado adverso en la consulta que se realizará este domingo respecto a la explotación petrolera del ITT.
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