El deseo de gastar al menos parte de las reservas internacionales del Banco Central de Ecuador (BCE) resurgió durante la campaña electoral. Mientras la administración actual lucha con un creciente déficit por menores ingresos fiscales, los dos candidatos presidenciales tienen la mira puesta en las reservas. La diferencia entre los dos es la cantidad. Luisa González, del movimiento correísta, quiere usar $2.500 millones y se entiende que busca transferir el monto al tesoro a cambio de nuevos bonos nacionales y de esa manera aumentar el gasto público. En un preocupante consenso, Daniel Noboa tiene como objetivo utilizar $1.500 millones de las reservas para mitigar el impacto esperado del fenómeno climático de El Niño, sin haber aclarado el mecanismo para implementarlo.
Quien sea que gane tendrá que lidiar primero con el hecho de que es ilegal utilizar estos fondos, que no son propiedad del gobierno ni del BCE, sino de depositantes del sector privado y público, incluyendo administraciones locales y el mismo sector público. Aunque el banco central perdió su independencia bajo el gobierno de Rafael Correa en 2014, esta fue reinstaurada a principios de abril de 2021 por el gobierno de Lenín Moreno con la reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización.
Dicha ley prohíbe los préstamos del banco central al gobierno central y tiene como objetivo restablecer de manera progresiva el sistema de cuatro niveles del balance del BCE que se implementó por primera vez en 2000. Para el fortalecimiento del esquema de dolarización es esencial la acumulación de reservas extranjeras, y el presidente Guillermo Lasso las aumentó durante su breve tiempo en el cargo, aunque en el año 2023 han sufrido una caída de más de $2.100 millones. Según el BCE la reducción responde a compromisos por servicio de la deuda pública externa.
Aunque Noboa ha sugerido que seguirá un manejo macroeconómico responsable, la entrevista en la que dijo que quería utilizar las reservas internacionales también incluyó vacilaciones respecto a una potencial renegociación de la deuda, generando nuevos temores en mercados internacionales acerca de la capacidad y voluntad de Ecuador para honrar sus deudas.
Independientemente de los apetitos de los candidatos y su falta de visión sobre los riesgos, las reservas extranjeras han caído drásticamente desde el récord histórico de $9.200 millones en marzo de 2022. A finales de agosto de 2023, habían perdido casi un tercio, llegando a solo $6.300 millones, y podrían caer aún más en los próximos meses en vista de nuevo servicio de deuda externa y menores superávit de cuenta comercial y corriente. Por ejemplo, la cuenta corriente ha mostrado saldos elevados en los últimos años, alcanzando $2.900 millones en 2021 y disminuyendo a $2.200 millones en 2022. La tendencia a la baja continuó a principios de 2023 y, en el primer trimestre del año, el superávit de la cuenta corriente llegó a $439 millones, solo la mitad de la cifra observada en el mismo período del año anterior.
Las condiciones también se están deteriorando en las cuentas financiera y de capital. Hasta 2022, el gobierno recibía grandes desembolsos de organizaciones multilaterales, especialmente del Fondo Monetario Internacional, en línea con un acuerdo EFF de $6.500 millones aprobado en septiembre de 2020. El último desembolso del FMI por $700 millones tuvo lugar en diciembre pasado. Desde entonces, los desembolsos han sido sustancialmente más bajos y negativos en términos netos, ya que los pagos de amortización de deuda han superado el dinero fresco.
El balance del BCE evidencia la deteriorada posición de liquidez en el mercado financiero local. Los depósitos en instituciones financieras están creciendo a tasas de un solo dígito, mientras que el crédito continúa expandiéndose a tasas cercanas al 15%, especialmente a través de préstamos de consumo. La brecha entre el crecimiento de los depósitos y el crédito obligó a los bancos y cooperativas a utilizar sus excedentes de liquidez depositados en el BCE, que superaban los $1,000 millones en marzo de 2022 y a julio del 2023 solo alcanzaban los $400 millones. Las condiciones podrían deteriorarse aún más, aunque la menor confianza empresarial y del consumidor probablemente suavice la demanda de crédito.
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