Raspando la Olla en las Fiestas

El gobierno intenta recolectar cada dólar disponible en la economía para mantenerse al día con los salarios del sector público a finales del 2023 y de cara al 2024. En episodios anteriores en los que el gobierno enfrentó restricciones de liquidez, las autoridades utilizaron el dinero ahorrado en fondos soberanos (FEIREP y FEISEH en los primeros años de la administración de Correa), obtuvieron financiamiento directo del Banco Central del Ecuador, vendieron bonos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y/o vendieron bonos a bancos privados. En esta ocasión, ninguna de estas fuentes está disponible:

• Los fondos soberanos de Ecuador ya no existen, y el gobierno no ha logrado alcanzar y mantener excedentes primarios para llevar la relación deuda/PIB al límite legal del 40%, umbral que activaría la creación del Fondo de Estabilización Fiscal (FODEP) según lo requiere el actual Código de Finanzas Públicas.
• Gracias a la Reforma al Código Financiero y Monetario para Fortalecer el Régimen de Dolarización aprobada por la Asamblea Nacional en abril de 2021, el Banco Central (BCE) no puede prestar directa o indirectamente al Ministerio de Finanzas. Además, en junio de 2021, el BCE transfirió al ministerio de finanzas acciones ilíquidas de tres entidades financieras públicas, que había recibido en 2017 en un movimiento cuestionable para pagar préstamos del banco central a la administración del entonces presidente Rafael Correa. Para completar la transacción, el ministerio tiene programado devolver $6.1 mil millones al BCE para 2035 salvo que la Asamblea legislativa diga lo contrario al momento de trater la actual Reforma Tributaria en discusión.
• El IESS también enfrenta dificultades de liquidez. El gobierno de Lasso no pagó el subsidio estatal legal del 40% anual al IESS, afectando su posición de liquidez ya golpeada por la limitada creación de empleo (que proporciona nuevas contribuciones) y el aumento de los beneficios pagados. Esto ha tenido impacto directo en los sectores público y privado. En primer lugar, el IESS ha estado relativamente ausente en el mercado de bonos nacionales durante la mayor parte de 2023 como comprador de emisiones de bonos corporativos. Además, debido a su precaria liquidez, el IESS ha retirado depósitos y ha limitado la renovación de depósitos vencidos en el sistema financiero, trasladando sus problemas de liquidez a bancos e instituciones de ahorro y préstamo. Finalmente, la débil posición de liquidez del IESS ha limitado su capacidad para comprar nueva deuda pública nacional, renovando solo una fracción de la deuda vencida. Para compensar su brecha operacional, el IESS continua reduciendo su portafolio de inversiones.
• Los bancos pueden colocar parte de sus requisitos mínimos de reserva en el BCE en deuda pública y CETES (bonos gubernamentales nacionales a corto plazo que no se cuentan como parte de la deuda pública). Gracias a su poder coercitivo, los gobiernos en el pasado han logrado persuadir a los gerentes bancarios para que adquieran deuda pública más allá de lo necesario para cubrir sus requisitos de reserva o lo que tiene sentido por motivos de diversificación. Lo peor de todo es que los rendimientos ofrecidos por el gobierno en estos bonos están muy por debajo de los niveles del mercado. Sin embargo, recientemente, el nivel de reservas excedentes en el BCE ha estado disminuyendo rápidamente (se situaron en solo $348 millones en octubre), lo que significa que no hay incentivo para asignar más de su liquidez limitada en tales bonos a tasas subsidiadas. Siempre existe el riesgo de un cambio en la regulación (es decir, aumentar los requisitos de reserva), pero en su ausencia, hay poco espacio de financiamiento en esta fuente nacional.

A medida que nps acercamos a Noche Vieja, el gobierno del presidente Noboa enfrenta el nivel más bajo de liquidez gubernamental desde el inicio de la pandemia de COVID-19: el 1 de diciembre, la cuenta del tesoro se encontraba en un escaso $95 millones. Los pagos de seguridad social de noviembre a los veteranos militares llegaron varios días tarde, y parte de la burocracia se pregunta cuando el gobierno pagará su haberes de diciembre con un costo combinado de $1.7 mil millones. 

El comienzo de 2024 no parece más fácil. La aprobación de la reforma fiscal según lo presentado originalmente podría generar ingresos fiscales de grandes contribuyentes a partir de febrero, mientras que los ingresos mensuales promedio por impuesto al valor agregado (IVA) se acercan a los $700 millones. En estas circunstancias, cualquier cantidad recaudada mediante la amnistía fiscal es bienvenida y proporcionaría al menos algo de liquidez para comenzar a ejecutar el presupuesto del año. Para empeorar las cosas, el gobierno ya enfrenta amortizaciones de deuda por $4.76 mil millones en 2024, lo que sugiere que las necesidades totales de financiamiento podrían exceder los $10 mil millones.