La situación fiscal de Ecuador era delicada incluso antes de que el gobierno declarara la existencia de un conflicto armado interno. El presidente Daniel Noboa heredó de su predecesor un gran déficit fiscal que superaba los $5.000 millones y más de $3.500 millones en deudas con proveedores del sector privado, sin contar con atrasos a gobiernos autónomos y al Instituto de Seguridad Social. El gobierno de Noboa obtuvo la aprobación legislativa para una reforma fiscal en diciembre que, entre otras medidas, ofrecía a las personas una amnistía fiscal y requería que las grandes corporaciones pagaran su impuesto a la renta en cuotas mensuales. Si bien aún queda por ver los ingresos adicionales de esta primera reforma, el conflicto armado interno declarado por Noboa en enero requerirá dinero adicional. Esto le llevó a presentar una nueva reforma tributaria apenas días después de la anterior.
El último proyecto de ley fiscal incluía un aumento del impuesto al valor agregado del 12% al 15%, un cambio que, según estimaciones oficiales, generaría $1.300 millones anuales ($1.000 millones para el resto de 2024). A pesar del abrumador apoyo legislativo a la primera reforma fiscal, esta segunda encontró oposición por parte del Partido Social Cristiano (PSC) y la Revolución Ciudadana, o Correísmo, con quien el gobierno tenía un pacto legislativo implícito. Inicialmente, los legisladores rechazaron el aumento del IVA, pero en su lugar aprobaron otros aumentos de impuestos, contraviniendo un principio constitucional que establece que todas las enmiendas fiscales deben ser iniciadas únicamente por el poder ejecutivo. Estos cambios incluyeron: 1) aumentar la tasa de impuesto a la salida de capital del 3.5% al 5%; 2) un impuesto adicional temporal sobre las ganancias de instituciones financieras; y 3) una contribución especial para empresas no financieras equivalente al 3.25% de sus ganancias de 2022 que se pagarán en 2024 y 2025.
Inmediatamente después de que la Asamblea Nacional votara en contra de la propuesta de aumentar el IVA el 6 de febrero, Noboa usó su poder de veto para insistir en el aumento. El nuevo texto aumentaría permanentemente el impuesto al 13%, con la posibilidad de aumentarlo hasta el 15%, para lo que solo requeriría la aprobación técnica del Ministerio de Finanzas. El 9 de febrero, los opositores al aumento no pudieron reunir la mayoría legislativa de dos tercios necesaria para anular el veto de Noboa, lo que significa que el veto presidencial se convertirá en ley y entrará en vigor en marzo.
El resultado confirma que el acuerdo de gobernabilidad entre Noboa, el PSC y Correísmo sigue intacto. Ambos partidos políticos pueden ir a sus electores y decirles que implementaron contribuciones que afectan a los más ricos, y que intentaron insatisfactoriamente evitar que se produzcan aumentos al IVA que afectan a toda la población. Noboa, por otro lado, tuvo lo mejor de ambos mundos. Logró aprobar su reforma fiscal y también obtuvo nuevos impuestos que pagarían los bancos y las grandes empresas. La estrategia política fue, por decir lo menos, perfecta.
Descubre más desde Santiago Mosquera
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
