El 31 de mayo, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un nuevo acuerdo de 48 meses bajo el esquema de Facilidad Extendida para Ecuador, con acceso equivalente a US$4 mil millones. El objetivo principal del programa es restaurar la estabilidad macroeconómica y asegurar la sostenibilidad fiscal para mejorar el entorno empresarial y estimular el crecimiento. La decisión del Directorio permitió a las autoridades obtener un desembolso inmediato equivalente a $1 mil millones y se esperan $500 millones adicionales a finales de 2024.
Este nuevo acuerdo tiene como objetivos el apoyar las políticas de Ecuador para estabilizar la economía, salvaguardar la dolarización y sentar las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo. Estos objetivos son similares a los incluidos en el acuerdo anterior aprobado en septiembre de 2020 y completado en diciembre de 2022. Sin embargo, el Ecuador continúa sumido en una trampa de bajo crecimiento, agravado recientemente por una gran crisis de seguridad.
El nuevo programa con el FMI abre vías para financiamiento adicional de otros multilaterales. Por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobó en abril un préstamo puente a corto plazo de $800 millones que ahora el gobierno debe pagar con el desembolso del FMI. A lo largo de la primera mitad del año 2024 los rendimientos de la deuda ecuatoriana en mercados internacionales ha caído dramáticamente, pero improbable que el gobierno recurra a nuevas emisiones a tasas aún elevadas, optando por préstamos de multilaterales en términos más convenientes.
Dos reformas tributarias implementadas han ayudado a iniciar la estrategia de consolidación fiscal en 2024. Se espera que el déficit global del SPNF se reduzca a solo el 2.0% del PIB este año, con un déficit equivalente al 3.5% del PIB a nivel de gobierno central. Las metas se ven alcanzables para el 2024, pero hacia adelante la consolidación no puede ser únicamente por el lado de los ingresos y se espera que el gobierno implemente medidas para reducir el gasto.
Los riesgos de implementación del programa son altos y algunas de los supuestos económicos podrían no materializarse. Los principales riesgos a la baja podrían surgir de un deterioro en la situación de seguridad a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades desde enero de 2024, y/o la crisis eléctrica. Un aumento en la fragmentación política antes y después de la elección presidencial de 2025 podría retrasar la implementación de reformas. Otros riesgos incluyen caídas inesperadas en los precios del petróleo o interrupciones en la producción o transporte de petróleo que reduzcan los ingresos petroleros, como sucedió a principios de 2023.
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