
El gobierno ecuatoriano ha demostrado un sólido avance en su programa con el Fondo Monetario Internacional, superando satisfactoriamente los criterios cuantitativos para fines de diciembre de 2024 y fines de abril de 2025. A pesar de enfrentar desafíos significativos, incluyendo una contracción económica del 2% en 2024 debido a la crisis de seguridad y energética, el compromiso con la agenda de reformas se mantiene firme.
Para 2025, la estrategia se articula en torno a los siguientes pilares:
- Mayor Consolidación Fiscal: Se ha proyectado un esfuerzo de consolidación fiscal adicional del 1.1% del PIB a lo largo del período 2025-27, lo que incrementa el esfuerzo total al 6.6% del PIB durante la vigencia del programa (2024-28). Este plan ambicioso tiene como objetivo la reducción del peso de la deuda al 40% del PIB para 2031, un año antes de lo inicialmente previsto. Las medidas implementadas incluyen la introducción de nuevas tarifas en los sectores de comercio electrónico y minería, reducción del tamaño del sector público, así como la eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero industrial y otros sectores. El reingreso a los mercados internacionales de capital se ha diferido a 2026,
- Impulso al Crecimiento y la Inversión: El FMI espera un crecimiento del PIB real de 1.7% en 2025, en contraste con la contracción del 2% del año 2024. Las autoridades se deberán enfocar en la atracción de inversión privada en sectores estratégicos de alto potencial, tales como minería, hidrocarburos y energía.
- Estabilidad Financiera y Mercados de Capital: El Banco Central del Ecuador (BCE) ha fortalecido sus reservas internacionales, alcanzando $6.900 millones a fines de 2024. En el programa se busca el desarrollo del mercado de deuda pública local mediante nuevas regulaciones para subastas competitivas de bonos y letras del tesoro, con el objetivo de establecer una curva de rendimiento confiable que actualmente no existe. Adicionalmente, se debe trabajar en flexibilizar el sistema de topes a las tasas de interés.
- Energía y Resiliencia: En respuesta a la crisis energética, se busca implementar la instalación de nuevas plantas de generación térmica. Adicionalmente, se deberá promulgar resoluciones bajo las leyes existentes para permitir a entidades privadas vender el excedente de electricidad a la red nacional y garantizar su repago a través de fideicomisos. Se deberá adoptar un mecanismo de precios de electricidad que sea transparente y que refleje los costos para tarifas de media y alta tensión.
- Gobernabilidad y Seguridad: Ecuador está intensificando la lucha contra el crimen organizado y su financiación. Se ha aprobado una nueva legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), en conformidad con los estándares del GAFI (FATF), y se prevé la implementación de un plan de acción estratégico para fines de septiembre de 2025. Se mantienen las auditorías de los estados financieros de Petroecuador (la del año 2021 se espera para septiembre de 2025) con el fin de mejorar la transparencia.
- Red de Seguridad Social: El gobierno reitera su compromiso con la protección de los grupos vulnerables, expandiendo la cobertura de los programas de transferencias monetarias y superando las metas establecidas para fines de 2024 y abril de 2025.
Ecuador avanza con decisión en un sendero de reformas fundamentales para asegurar un futuro más próspero y resiliente. Algunas de las medidas que se están implementando y que son parte del programa con el FMI pueden ser contraproducentes y merecen revisión. Por ejemplo, la decisión de abrir el catastro minero y al mismo tiempo imponer tarifas de fiscalización al sector minero en etapa de exploración, se contradicen y pueden terminar asfixiando muchos de los proyectos mineros que están por despegar. La transición de una economía petrolera a una minera puede estar en peligro.
Descubre más desde Santiago Mosquera
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
