La portavoz oficial de Carondelet, Carolina Jaramillo, anunció importantes decisiones del gobierno nacional respecto al sector minero. Por un lado, se decretó la reapertura en fases del Catastro Minero después de 7 años y 4 meses de cierre. El catastro minero es el registro oficial de todas las concesiones mineras otorgadas por el Estado, así como de las solicitudes en trámite, las áreas reservadas y las zonas excluidas de actividad minera. En una primera fase, el 16 de junio, se abre el catastro minero para la pequeña minería no metálica, seguida de la pequeña minería metálica en septiembre, y la minería a gran escala para finales de año.
Esto sin duda es una buena noticia pues empresas mineras junior, senior y los grandes jugadores internacionales han estado a la espera de la luz verde de parte del gobierno para formalizar su interés en participar en el sector.
Esta parte del anuncio del lunes daba espacio para una celebración. Sin embargo, las necesidades de recursos fiscales y una falta de conocimiento en el negocio minero llevaron a las autoridades a la creación de la Primera Tasa de Fiscalización para el Sector Minero con niveles casi «confiscatorios». En palabras de la nueva portavoz oficial, el objetivo principal de esta tasa es financiar el control técnico y ambiental del cumplimiento de obligaciones por parte de los titulares mineros, y por otro lado fortalecer el combate contra la extracción anti-técnica e ilegal. Si bien se entiende la necesidad de recursos fiscales, el nivel y la forma en la cual se quiere cobrar la tasa a las empresas mineras puede liquidar todo interés de inversionistas extranjeros por participar en el negocio minero ecuatoriano.
La tasa se aplicará a la pequeña, mediana, gran minería y régimen general, y sus porcentajes son variables y dependen del régimen, la fase y el número de hectáreas de cada concesión, así como si son minerales metálicos o no metálicos. El resultado es que se impone una tasa desmedida sobre el área de exploración y explotación minera que de ninguna forma había sido considerada por las empresas mineras antes de invertir en el país. Un nuevo cambio en las reglas del juego que termina por afectar la viabilidad financiera de los proyectos.
Las autoridades parecen no entender que el negocio minero tiene un largo período de inversión durante el cual se gasta recursos para determinar si el área concesionada efectivamente tiene la riqueza de minerales que se podrán extraer de manera rentable a lo largo de la vida útil de la mina. En esta etapa, los recursos financieros son escasos y costosos, pues solo se invierte y no se extrae minerales para la comercialización. En otras palabras, el flujo de caja es negativo durante todo el período de exploración. Si a eso ahora las empresas mineras deben sumar los costos de esta nueva tasa, simplemente los proyectos se pueden detener y los potenciales simplemente desaparecer en busca de otras jurisdicciones más atractivas.
La transición del Ecuador de una economía petrolera a una minera debe ser organizada y apuntalada por el sector privado, haciendo que el sector crezca, genere empleo, pague regalías e impuestos, y empuje el crecimiento regional y nacional. Los niveles de esta Tasa de Fiscalización para el Sector Minero pueden, simplemente, matar a la gallina de los huevos de oro.
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